Así compensan sus emisiones los transportistas gallegos

Así compensan sus emisiones los transportistas gallegos

Propietarios de montes y empresas gallegas de transporte por carretera se han embarcado en Troco2, un proyecto que financia la ordenación de espacios forestales para que actúen como sumideros de CO2.

Propietarios de montes y empresas gallegas de transporte por carretera se han embarcado, o están a un sólo paso de hacerlo, en Troco2, un proyecto interregional entre Galicia y el norte de Portugal por el que las empresas financian la ordenación de espacios forestales para que actúen como sumideros de CO2 que compensen las emisiones de sus flotas.

El objetivo final es crear una bolsa de carbono, un mercado en el que las empresas de transporte puedan intercambiar la totalidad o parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero por la capacidad para remover y absorber carbono de los árboles, cuyos propietarios obtendrán de las empresas un estimulante beneficio económico para mantenerlos en plena forma.

Para ello, antes, hay que tasar objetivamente la huella de carbono de los transportistas, es decir, hay que medir cuántas toneladas de CO2 genera su actividad directa e indirecta; del mismo modo que hay que tasar también cuántas de esas toneladas es capaz de ‘reciclar’ cada masa forestal, para todo lo cual Troco2 ha desarrollado y puesto a disposición de transportistas y propietarios de montes dos herramientas de cálculo.

El proyecto, por parte gallega, tiene como socios a la Xunta de Galicia, a la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa y a la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo), mientras que del norte de Portugal se han implicado la Comunidad Intermunicipal del Alto Tamega (Cimat) y la Asociación de Desarrollo do Alto Tamega.

Con un presupuesto de 1,3 millones de euros, el 75 por ciento de ellos fondos europeos, Troco2 cuenta ya con 18 empresas decididas a medir su huella de carbono y con media docena de propietarios de montes dispuestas a absorberla: cinco comunidades de montes (las de Matamá, Valladares y Comesaña en Vigo; la de Viso en Redondela, y la Sierra de Peites en Ribas de Sil y la Sociedad de Fomento Forestal Santa Juliana de Fonsagrada).

El proyecto busca la cuadratura del círculo, o la eficiencia de todo el sistema: además de compensar las emisiones del transporte por carretera para combatir el cambio climático se consigue la ordenación de masas forestales, una actividad que a su vez genera empleo y actúa de barrera fundamental contra el fuego.

«Troco2 es un incentivo para ordenar las masas forestales. Cuanta mayor renta de los propietarios, mejor mantenimiento, más ordenación, mayor calidad de los montes y mayor resistencia a los incendios. Si un monte está ordenado, da beneficios y es menos probable que haya incendios catastróficos», explica a Efe Luis Ortega, ingeniero forestal de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

Medio Rural se ha encargado de elaborar la herramienta de cálculo de los sumideros de carbono, condición que sus propietarios adquieren previo cumplimiento de una serie de requisitos: «Hay que demostrar que el monte está ordenado, que su propietario ha hecho una planificación a medio y largo plazo de qué espera hacer con el monte y conseguir de él. Un punto base es la generación de las masas», señala Ortega.

Pero no sólo: se exige una superficie mínima de una hectárea, un compromiso de permanencia en el programa de treinta años y, lo más controvertido, que el monte cumpla una de dos condiciones: que se demuestre que ha estado completa e ininterrumpidamente desarbolado desde el 31 de diciembre de 1989 hasta hoy, o que haya perdido su masa arbolada por una catástrofe, en este caso un incendio.

«Parece que todos los que tienen una buena gestión forestal y especies maduras, no tienen derecho a participar, algo que ya reclamamos al Ministerio de Transición Ecológica, porque parece que se premia a los espacios forestales que se quemaron y no a los que se mantienen», señala desde la Cámara de Comercio Begoña Ruiz.

Con árboles o sin ellos, no todas las masas forestales cotizan igual en el mercado de carbono, de ahí la herramienta desarrollada por la administración autonómica que mide la capacidad de cada sumidero.

«La velocidad de crecimiento de una especie forestal determinada depende fundamentalmente de temperatura, precipitaciones y profundidad y calidad del suelo», desgrana Ortega, quien señala que en la herramienta de cálculo se han incluido las especies más representativas de la zona: pino, roble, eucalipto, castaño y abedul, sin perjuicio de que más adelante se puedan incluir más.

«Para cada punto de Galicia y norte de Portugal tenemos datos de climas y suelo. Conjugando esos factores se obtiene una idea del potencial de crecimiento. Sabiendo lo que va a crecer una masa forestal se puede hacer una transformación a toneladas de madera, de ahí a toneladas de carbono y a toneladas de CO2», añade.

Con todos esos requisitos y datos en la mano, cada propietario está listo para hacerse una idea del rendimiento económico que puede obtener por convertir su monte en un sumidero de CO2 que, además, contribuya a combatir los incendios forestales.

¿Qué obtienen las empresas a cambio?

Vaya por delante que los mercados de carbono surgen con la intención de reducir emisiones al menor coste posible: hay quienes poseen recursos económicos y tecnológicos suficientes para conseguir este objetivo por sus propios medios; a otros, sin embargo, les cuesta más, y tienen la oportunidad de ‘comprar’ esas reducciones.

En rigor, las emisiones de CO2 no deberían ser (aún) un quebradero de cabeza para el transporte, puesto que es un sector difuso, es decir: uno menos intensivo en el uso de energía y, por lo tanto, no sujeto al comercio de derechos de emisión, como sucede con papeleras, fundiciones o aviación, por ejemplo.

Sin embargo, las empresas de transporte, junto con el resto de sectores del sector difuso, son responsables de más de un 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Tal vez por eso, los transportistas gallegos están viendo Troco2 «como una oportunidad», asegura Elda Sordo, técnico de Acetranspo, «porque hacen transporte internacional y han visto como en Francia, por ejemplo, ya exigen que en su factura declaren la huella de carbono. Y cuando veas las barbas de tu vecino pelar…»

Según Sordo, a Troco2 se han apuntado tanto grandes empresas como pymes y autónomos que han entendido que la exigencia legal de que controlen sus emisiones puede ser inminente y que, además, puede ser algo «valorable por sus propios clientes, como estamos viendo que ya es así».

En la misma idea abunda Ortega: «Todo esto es una especie de efecto dominó. Una empresa grande que esté obligada a reducir sus emisiones, tarde o temprano le dirá a sus proveedores más pequeños que necesitan que ellos también lo hagan. No sirve de nada que una gran empresa reduzca sus emisiones si está subcontratando otras que no tienen dicha obligación».

Asetranspo ha realizado «una labor de sensibilización», explica Sordo, «buscando voluntarios» que se apunten a Troco2, y «la experiencia es positiva», entre otras cosas porque saben que «muchos cargadores ya están solicitando la certificación de la huella de carbono como requisito contractual».

La certificación va un paso más allá de la medición de la huella de carbono; implica que un organismo autorizado dé fe, como un notario, de que la medición está bien hecha, y es el último paso para entrar en ese futuro mercado de carbono.

De momento, de las 18 empresas apuntadas a Troco2, una ha pedido esa certificación: se trata de Botamavi, servicios generales marítimos, una pyme ubicada en Vigo que ya está lista para pagar por sus emisiones, mientras que el resto están a un paso de hacerlo.

¿Y qué pasa con el norte del Portugal? Pues aquí Troco2 se ha encontrado con el mayor problema del proceso, que espera convertir en una oportunidad. «Hemos descubierto que, de momento, no podemos crear una bolsa de intercambio de CO2 entre empresas portuguesas y gallegas porque el Gobierno portugués no tiene legislación al respecto», explica Ruiz.

Es decir que, de momento, los intercambios tendrán que ser entre empresas y montes gallegos; regulados por el Real Decreto 173/2014, y entre empresas y montes portugueses si consiguen regularlo.

«Tenemos esta gran barrera pero, gracias a ella, los socios portugueses están hablando con su Gobierno para crear su propia bolsa de intercambio y que cambien la ley, porque allí también tienen una gran problemática con los incendios y la gestión forestal», concluye Ruiz.

Fuente: www.abc.es/natural/vivirenverde/

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