Nueva temporada de incendios para los propietarios forestales

Un 72% de la masa forestal de España está en manos de 3,5 millones de propietarios privados. Las tierras se enfrentan a la temporada de incendios entre el abandono y los altos costes de la prevención.

«Hay que resignarse» porque los incendios forman parte ya de «un círculo vicioso», opina Marcos (35). Los montes de su localidad, Villardevós (Orense), fueron de los primeros en arder en el verano de 2025, si bien la rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que fuera de las más castigadas. No fue ni la primera vez ni será la última. En el momento que la tierra arde, la atención política se dispara pero no es efectiva: «Muchos millones y ayudas se anuncian para que no vuelva a arder, pero cuando al año siguiente no hay incendios, se olvidan. Al año siguiente, que no ha crecido tanto la maleza, nadie se gasta ni un euro. Y es cuando vuelve el fuego», expresa este gallego ante las propiedades que cercan el municipio y vuelven a estar desatendidas.

Marcos refleja el sentir a nivel nacional de muchos de los afectados por los grandes incendios de 2025, y anteriores. Los propietarios denuncian la falta de recursos públicos: ayudas solicitadas pero que nunca terminan de llegar, una burocracia que se alarga durante todo el año retrasando las tareas de prevención en los meses en los que es legalmente posible, o subvenciones que resultan insuficientes para acometer las tareas. Pero al mismo tiempo, en España el 72% del patrimonio forestal se encuentra en manos privadas (20 millones de hectáreas para 3,5 millones de propietarios particulares). Es una proporción que se repite de forma generalizada entre regiones, si bien en áreas del Mediterráneo son más frecuentes las propiedades de grandes tamaños y en zonas del norte son más habituales los minifundios.

Así, la responsabilidad de los montes suele recaer en varias manos. Y esta alta privatización de los montes conduce al país a una situación complicada, porque muchos propietarios son desconocidos: herencias que se abandonan, espacios que se usan a modo de retiro en las vacaciones, o cultivos que resultaron improductivos y nadie ha vuelto a ocuparse de ellos. El peligro de esta situación es el mantenimiento: cuando las autoridades deben realizar algún tipo de intervención en la propiedad privada, no hay quien responda a la puerta. O para hacerse responsable de los posibles desastres.

En este contexto muchos temen el verano que ya ha dejado varios incendios esta semana en Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura. «El verano tiene mala pinta, está todo seco como si estuviéramos a finales de julio, después de un invierno lluvioso y con mucha biomasa en los montes. Da miedo lo que se avecina, sobre todo después de los fuegos de 2025», opina Uxío, presidente de la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de San Xurxo de Saiáns (Vigo). «La inmensa mayoría de propietarios tiene en absoluto abandono las tierras», agrega. Y nadie ha olvidado el que el pasado fue el año con mayor superficie forestal afectada del último decenio, con 354.746,67 hectáreas quemadas –un alza de siniestros del 235,89% en la superficie forestal total– según los datos provisionales del Ministerio de Transición Ecológica. Y es que 2025 dejó 63 Grandes Incendios Forestales cuando la media anual del decenio es de 23. Todos ellos en verano, y las zonas más afectadas (50,79%) fueron Galicia, Asturias, Cantabria, León y Zamora.

72% Proporción. Es la masa forestal en manos de propietarios privados en España (alrededor de 20 millones de hectáreas)

En esta última se encuentra, cruzando los dedos por un verano más tranquilo, Eduardo (70). «Ya nos estamos acostumbrando», después de varios incendios seguidos. El verano pasado, al municipio de Cubo de Benavente (Zamora) llegó un fuego «espectacular» que rodeó el pueblo y obligó a evacuaciones. Él, propietario de varias fincas forestales con chopos, vio arder «su huchita». Sus chopos de seis años –tardan 15 en crecer– servirían para vender la madera y complementar su pensión. Pero de unos 900, al fuego del verano pasado sobrevivieron entre 50 y 60. Y Eduardo se siente abandonado por la Junta de Castilla y León: como a otros vecinos, no le llegan compensaciones o ayudas –ni tampoco respuesta a las solicitudes– para recuperar lo perdido. «No pido que me paguen la chopera. Pero sí que me ayuden a quitar lo quemado, o a reponerlo. Como con un crédito blando», explica. Tiene también un bosque de pinos, pero ha dejado de asegurarlo: a 300 euros por seis hectáreas y media, «las coberturas no son gran cosa» en caso de incendio. Y de todas formas, ya se ha resignado ante la alta tasa de incendios intencionados en Zamora. Para este año, la diputación les ha facilitado palas de goma para apagar el inicio de un fuego, y entre los vecinos, se han valido de los cortacéspedes para despejar de maleza los caminos alrededor de las casas.

También en Zamora, José Ignacio (69), con varias hectáreas de pino, se pregunta por qué han cesado los programas de mantenimiento. Históricamente la Junta fomentó la plantación con distintos programas e incluso ayudas para su buen mantenimiento, pero este vecino asegura que llevan años sin realizarse dichas actividades y, entre tanto, los bosques de pinos «están salvajes». Le parece imposible realizar el mantenimiento si no es a través de maquinaria específica, y él solicitó a través de la asociación de propietarios las ayudas de los fondos europeos FEDER con este fin en 2021. Fueron informados de que la solicitud había sido aprobada, pero solo se han ejecutado tareas de prevención en una de las 15 parcelas solicitantes. «No se ha hecho absolutamente nada», declara, ni siquiera en invierno: «Los caminos próximos están llenos de hierba, los propios pinares están llenos de maleza y no se han hecho cortafuegos». La Junta les ha advertido de que hay plagas en los pinos; habrá que aguardar a octubre para la campaña de prevención.

Desde el Consorci Forestal de Catalunya Joan, secretario y propietario forestal en Llavorsí (Lleida), explica que en muchas ocasiones, las tareas de prevención superan a los propietarios. En invierno, en la época propia para ello, «nos encontramos que aquí hay una falta flagrante de recursos». «La demanda de ayudas por parte de los propietarios supera en tres veces la disponibilidad de recursos que pone la administración» en su comarca, explica.

Solo el 35% del gasto público se usa en prevención según COSE

Según la empresa Nactiva, especializada en proyectos en hectáreas forestales, el coste de la gestión preventiva durante el ciclo de vida de los bosques hasta la corta implica 2.000 y 6.000 euros por hectárea. En cambio, las tareas de extinción y restauración pueden llegar a los 18.000 y 35.000 euros.

Lo cierto es que la gestión pública de la masa forestal está fragmentada, a nivel normativo y presupuestario: son las comunidades autónomas las competentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales en sus territorios, explican desde Transición Ecológica. En este sentido, desde el sector servicultor denuncian la opacidad en datos y la falta de homogeneidad que permitan hacer una radiografía de la ejecución pública. En base a los datos promedio de las comunidades, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (Cose) estima que de media las comunidades autónomas españolas dedican un 65% de su gasto público total al después del incendio y solo un 35% a la prevención de los mismos.

Esta una situación que desespera a vecinos como Manuela (60), que tuvo el último gran incendio junto a su casa por un monte desatendido desde hace años en Carballeda de Avia (Galicia):«El concello tiene que hacer algo, que la gente que vive aquí en el pueblo sí está limpiando todo lo que es suyo. Pero hay mucha gente que ya no vive aquí… Que las autoridades miren el catastro, está para algo: que busquen a los dueños, les manden una carta, que paguen, que les multen si no limpian…».

«Es el dilema de todos los años: las fincas en desuso se llenan de maleza. La Xunta de Galicia se lava las manos. Pero tú tienes tu casa ahí al lado…», explica Marcos. Puede recurrir al ayuntamiento para que limpie la propiedad con cargos al propietario, pero no es algo que suela dar resultado. Por eso, entre los vecinos se subcontratan, a sus propias manos y maquinaria, para retrasar el círculo vicioso: «El monte vuelve a crecer, y donde había antes una retama, luego habrá cuatro que arderán con fuerza».

Fuente: El Mundo (Actualidad Económica)