Propietarios forestales, primera línea de defensa ante los incendios

Los propietarios forestales serán este verano la primera línea de defensa ante los incendios y piden una fiscalidad forestal

Los bosques españoles ocupan ya más de 28 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 56% del territorio nacional. De esa superficie, cerca del 72% es de propiedad privada, más de 20 millones de hectáreas, cuya conservación, gestión y mantenimiento dependen directamente de cientos de miles de propietarios forestales. Para la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), esta situación exige un cambio de enfoque en las políticas públicas de prevención, incluyendo una fiscalidad forestal.

“Los incendios no empiezan cuando aparece una llama. Empiezan años antes, cuando dejamos de gestionar el territorio. La mejor inversión contra los incendios no es la que se realiza durante la emergencia, sino la que permite mantener montes activos, gestionados y económicamente viables”, señala Patricia Gómez Agrela, gerente de COSE.

Cada año, los montes españoles generan aproximadamente 46 millones de metros cúbicos de biomasa forestal. Sin embargo, apenas se aprovecha el 40% de ese crecimiento. El resultado es que cerca de 22 millones de toneladas de biomasa permanecen acumuladas en el territorio, aumentando la continuidad del combustible y la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a incendios cada vez más rápidos, intensos y difíciles de extinguir.

De apagar incendios a prevenirlos

España dispone de uno de los dispositivos de extinción más avanzados de Europa. Sin embargo, el aumento de las olas de calor, la acumulación de combustible, el abandono de usos tradicionales y la despoblación rural están favoreciendo la aparición de incendios de comportamiento extremo que superan la capacidad de extinción incluso de los mejores medios.

Los selvicultores recuerdan que la prevención efectiva pasa por actuar sobre el combustible antes de que se produzca el incendio. Trabajos como clareos, desbroces, tratamientos selvícolas, extracción de biomasa, recuperación de pastos, mantenimiento de infraestructuras forestales o creación de paisajes en mosaico permiten reducir significativamente la intensidad y velocidad de propagación del fuego.

“No existe una política eficaz de prevención sin gestión forestal. Y no existe gestión forestal sin propietarios forestales activos”, destaca la organización.

Los propietarios forestales privados gestionan cerca de tres cuartas partes de los bosques españoles y constituyen la principal red de custodia del territorio. Son quienes conocen el monte, quienes invierten en su mantenimiento y quienes asumen un compromiso intergeneracional con la conservación de un patrimonio natural que heredaron y esperan transmitir en mejores condiciones a las generaciones futuras.

Sin embargo, la rentabilidad de la actividad forestal continúa siendo insuficiente y la carga administrativa dificulta la movilización de recursos forestales que podrían contribuir simultáneamente a prevenir incendios, generar actividad económica y reforzar la autonomía energética del país.

Según diferentes estimaciones del sector, movilizar un millón de toneladas adicionales de biomasa forestal cada año permitiría generar alrededor de 1.600 millones de euros de inversión, crear entre 2.500 y 3.500 empleos directos e indirectos en zonas rurales y evitar la emisión de unas 580.000 toneladas de CO₂ mediante la sustitución de combustibles fósiles.

Una fiscalidad forestal para prevenir incendios

Por ello, COSE reclama que la prevención de incendios forestales sea reconocida como una prioridad estratégica de país y que la gestión forestal sostenible sea declarada actividad de interés general. Esta medida permitiría reconocer el papel ambiental, social y territorial de los selvicultores activos y situar la prevención en el lugar que le corresponde dentro de las políticas públicas.

Entre las medidas fiscales propuestas, COSE plantea el reconocimiento oficial de la figura del selvicultor activo; la creación de un registro de explotaciones forestales que permita dar visibilidad administrativa a quienes gestionan el monte; una deducción del 20% en el IRPF para los gastos e inversiones en conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte; y una deducción de hasta el 40% para actuaciones en masas forestales de carácter protector.

Asimismo, COSE propone incentivos fiscales para fomentar la agrupación de propietarios forestales, una herramienta imprescindible para superar el minifundio y permitir una gestión profesionalizada a escala territorial; la reducción o diferimiento fiscal de los beneficios reinvertidos en trabajos de conservación y prevención; medidas específicas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para favorecer la continuidad de la gestión forestal; y el desarrollo de un plan sectorial de contabilidad adaptado a los largos ciclos productivos de la actividad selvícola.

“Necesitamos una fiscalidad forestal que premie a quien gestiona, conserva y previene. Hoy resulta más fácil abandonar un monte que gestionarlo, y eso es exactamente lo contrario de lo que necesita España frente a los incendios forestales”, señala Patricia Gómez Agrela.

La organización recuerda que estas propuestas no buscan un privilegio fiscal, sino corregir una anomalía estructural: los propietarios forestales asumen costes privados para generar beneficios públicos —prevención de incendios, biodiversidad, captura de carbono, regulación del agua y conservación del paisaje— que hoy no son retribuidos ni suficientemente reconocidos por la sociedad.

Fuente: https://agroinformacion.com